El 2 de agosto de 2022, el Juzgado Cuarto de Circuito Civil de Panamá emitió el Auto de Embargo No. 1234/14606-21, dentro del Expediente No. 14606-21, correspondiente a un proceso especial de rendición de cuentas promovido por Lisa, S.A. contra Villamorey, S.A. Mediante esta resolución, el tribunal ordenó el embargo de bienes de Villamorey con el objetivo de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones financieras frente a Lisa, S.A. Sin embargo, el 22 de septiembre de 2022, la firma de abogados Galindo, Arias & López (GALA), actuando en representación de Villamorey, S.A., presentó ante el tribunal una querella penal contra la Jueza Cuarta de Circuito Civil. Esta acción legal, carente de base jurídica sólida, parecía tener como único propósito influir en el curso del proceso y revertir la medida cautelar que afectaba a su representada. Tan solo un día después, el 23 de septiembre de 2022, el tribunal dictó el Auto No. 1473/14606-21, mediante el cual dejó sin efecto el embargo previamente decretado. La inusual rapidez con la que se revocó la medida ha generado serias dudas sobre la influencia que pudo haber tenido la querella penal presentada por Villamorey, y plantea cuestionamientos sobre la integridad del proceso judicial. Ante estos hechos, Lisa, S.A. presentó una querella penal contra Villamorey S.A., su representante legal Ramiro López Nimatúj, y otros responsables, acusándolos de incurrir en delitos contra la administración pública y contra la administración de justicia. La querella se fundamenta en la presunta comisión de los siguientes delitos: - Delito contra la Administración Pública (Artículo 360 del Código Penal de Panamá): Se imputa a los querellados el uso de intimidación y amenazas para influir en la decisión de una autoridad judicial, afectando el ejercicio legítimo de sus funciones. - Delito contra la Administración de Justicia - Simulación de Hecho Punible y Calumnia en Actuaciones Judiciales (Artículo 384 del Código Penal de Panamá): Se alega que la querella presentada contra la juez no tenía fundamento jurídico, sino que fue utilizada con el propósito de hostigarla y forzar la revocación de su decisión. Además de la responsabilidad penal, LISA S.A. ha solicitado una indemnización de $44,500,000 por los daños económicos y legales derivados de estas acciones. La Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio inició una investigación oficial sobre la conducta de Villamorey S.A.. La investigación se centra en determinar si la empresa y sus abogados abusaron de los mecanismos legales para obstruir la justicia y manipular el proceso judicial. El 10 de mayo de 2023, el Ministerio Público emitió un requerimiento formal de información (Oficio No. 2954) dirigido al Juzgado Undécimo de Circuito Civil, solicitando detalles sobre el estado del Expediente No. 7081-08, otro litigio entre LISA S.A. y Villamorey S.A.. La solicitud busca esclarecer: 1. El estado actual del proceso y si Villamorey S.A. ha utilizado maniobras similares en otros procedimientos judiciales. 2. Si Juan Luis Bosch Gutiérrez fue designado como depositario judicial y, en caso afirmativo, bajo qué condiciones. 3. Si Bosch Gutiérrez ha cumplido con sus obligaciones como depositario. 4. Si LISA S.A. ha solicitado la remoción de Bosch Gutiérrez de su cargo como depositario judicial. 5. Cualquier otra información relevante para la investigación penal en curso. Este requerimiento refuerza la hipótesis de una investigación más amplia sobre la conducta de Villamorey S.A., ya que la Fiscalía está analizando si la empresa ha incurrido en un patrón de manipulación judicial en múltiples casos. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio, admitió la querella penal presentada por LISA S.A. tras determinar que cumplía con los requisitos formales exigidos por el artículo 88 del Código Procesal Penal. No obstante, la Fiscalía precisó que la admisión de la querella no implica una determinación sobre la culpabilidad de los querellados, sino que se continuará con la investigación para establecer si existen elementos suficientes que acrediten la comisión de los delitos denunciados. Este caso plantea preocupaciones significativas sobre el uso de querellas penales infundadas como herramienta de presión contra el poder judicial. Si se comprueba que Villamorey S.A. y su firma de abogados presentaron intencionalmente una querella sin fundamento contra la jueza, se configuraría un grave abuso del sistema judicial, con repercusiones tanto penales como civiles. Además, el caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los jueces ante estrategias litigiosas que buscan alterar el curso de procesos judiciales mediante la intimidación y el uso indebido de recursos legales. El proceso continuará con la investigación penal en curso, y este portal seguirá monitoreando su desarrollo. Este caso es un ejemplo de cómo el abuso de los mecanismos judiciales puede ser utilizado para evadir responsabilidades y afectar la independencia de los jueces. La resolución de este proceso sentará un precedente importante para la protección de la administración de justicia en Panamá.

Obstrucción de Justicia e Intimidación a una Servidora Pública

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