Esta demanda se centra en la reclamación de Lisa, S.A. por el pago de más de $51 millones en dividendos que Villamorey, S.A. retuvo entre 2009 y 2019, a pesar de que Lisa posee un tercio de las acciones. Villamorey alega que los dividendos fueron retenidos debido a una orden de secuestro por $281,172.85 emitida en 2008 dentro del expediente No. 556-99. Sin embargo, Lisa sostiene que esta justificación es inválida, ya que el monto retenido excedía ampliamente la suma embargada, y la orden de secuestro fue levantada mediante el Auto No. 2277 en 2018. En diciembre de 2021, el Juzgado Undécimo del Circuito Civil de Panamá emitió el Auto No. 2567, reconociendo la validez de la reclamación de Lisa y ordenando a Villamorey el pago de $51.6 millones. Lisa presentó múltiples solicitudes de ejecución, incluyendo embargos en Panamá y el extranjero, y la designación de un administrador judicial, pero el tribunal no actuó.

Ante la inacción judicial, Lisa interpuso dos amparos constitucionales en 2022 y 2025, argumentando que la negativa de la jueza Lesbia Wolfschon Puga a ejecutar la orden violó el debido proceso. La apelación presentada por Villamorey fue concedida con efecto devolutivo, lo que permitía continuar con la ejecución, pero la jueza presuntamente paralizó el caso durante más de dos años. En abril de 2025, Lisa llevó el asunto al ámbito penal al presentar una denuncia contra la jueza Wolfschon por obstrucción de la justicia y abuso de autoridad. El Ministerio Público admitió la denuncia en junio de 2025 e inició una investigación preliminar sobre su conducta.