Obstrucción de la Justicia e Intimidación

La Querella Penal No. 202200053278 se centra en acusaciones de que Villamorey, S.A., su representante legal Ramiro López Nimatúj y su firma de abogados Galindo, Arias y López ejecutaron un esquema ilícito para intimidar a la juez del Juzgado Cuarto de Circuito Civil durante un proceso de rendición judicial de cuentas promovido por Lisa, S.A. (Exp. 14606-21). Según las querellas presentadas por Julio Rafael Martínez Vásquez y Lisa, S.A., Villamorey intentó desviar el curso del proceso civil —y revertir el embargo dictado en su contra— mediante la presentación de una denuncia penal infundada contra la juez Solange Le Ferrec Malek de Booker el 22 de septiembre de 2022, poco después de la emisión del Auto de Embargo No. 1234/14606-21.

Un elemento clave surgió cuando los fiscales archivaron formalmente la denuncia presentada por Villamorey contra la juez mediante la Resolución No. 546-23, fechada el 23 de abril de 2023. Dicha resolución determinó que las acusaciones de “abuso de autoridad” carecían de fundamento y que la juez había actuado dentro del ámbito de sus facultades procesales. El fiscal no encontró evidencia de conducta delictiva; por el contrario, las actuaciones de la juez —incluida la emisión posterior del Auto No. 1473/14606-21 para corregir un yerro procesal— eran coherentes con el artículo 1129 del Código Judicial y no constituían abuso, arbitrariedad ni irregularidad. Este archivo oficial es central para el caso actual: demuestra que Villamorey inició un proceso penal sin base legal y con alegaciones defectuosas e infundadas.

A la luz de dicho archivo, las querellas presentadas en el Expediente No. 202200053278 sostienen que Villamorey presentó deliberadamente una acusación falsa (artículo 384 del Código Penal) y que incurrió en intimidación a una servidora pública (artículo 360). La secuencia de hechos —presentar la querella el 22 de septiembre y que la juez revocara el embargo el 23 de septiembre— genera, a juicio de los querellantes, serias preocupaciones de coerción y presión destinadas a influir en la actuación del tribunal civil en el proceso de rendición de cuentas. Lisa además alega que estas acciones forman parte de un patrón más amplio de conducta obstructiva orientada a evitar la transparencia y retrasar el escrutinio judicial sobre asuntos financieros vinculados a sus derechos como accionista.

El 29 de mayo de 2023, la Fiscalía Anticorrupción emitió la Resolución No. 47, mediante la cual admitió formalmente la querella penal de Lisa y autorizó la apertura de una investigación completa. La resolución confirma que la querella cumple con todos los requisitos legales del artículo 88 del Código Procesal Penal y reconoce que la evidencia presentada —incluida la ya archivada Noticia Criminal No. 202200067006— es relevante para determinar si Villamorey intentó manipular los procesos judiciales mediante intimidación. Lisa estima daños de aproximadamente $44.5 millones, incluyendo costos legales, retrasos procesales y el impacto institucional de interferir en las funciones judiciales. El caso avanza ahora bajo revisión activa del Ministerio Público para determinar la responsabilidad penal correspondiente.