Proceso Ordinario de Mayor Cuantía

El Expediente No. 78084-25 gira en torno a los esfuerzos de BDT Investments Inc. por hacer valer su titularidad del 33.33% de Villamorey, S.A., reconocida judicialmente. El punto central es la negativa continua de Villamorey a emitir e inscribir los certificados de acciones de BDT, pese a que la cesión realizada por Lisa, S.A. fue validada y aprobada mediante el Auto No. 898-2022 del Juzgado Duodécimo de lo Civil. Dicho auto confirmó la legalidad de la cesión y estableció a BDT como legítima sucesora de la participación de un tercio de Lisa. No obstante, Villamorey se ha negado a emitir las acciones nominativas, actualizar el registro de accionistas o permitir que BDT ejerza sus derechos como accionista, afectando la transparencia corporativa e impidiendo su participación en la gestión societaria.

Consta en autos que Villamorey, junto con su representante legal y su agente residente Galindo, Arias & López, ha reconocido reiteradamente la condición de accionista de BDT en diversas actuaciones judiciales, pero se ha negado a formalizarla mediante la emisión e inscripción respectiva. Esta conducta contradice la legislación societaria panameña, que exige a las sociedades mantener libros de accionistas precisos, emitir certificados de acciones nominativas y respetar la titularidad reconocida judicialmente. BDT ha agotado las vías administrativas y legales —incluyendo comunicaciones certificadas y solicitudes formales— sin obtener cumplimiento ni justificación válida.

Ante esta situación, BDT presentó una demanda oral contra Villamorey solicitando que se ordene la emisión del certificado de acciones correspondiente, su inscripción en el registro oficial de accionistas y el reconocimiento efectivo de sus derechos societarios. Mediante el Auto No. 336 del 23 de febrero de 2026, el Juzgado Liquidador Segundo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá admitió la demanda oral corregida presentada por BDT, al considerar que cumplía con los requisitos del Código Judicial. En consecuencia, el tribunal ordenó correr traslado de la demanda a Villamorey por el término de diez días para que presente su contestación.

El proceso se valora en $60,000,000, reflejo del impacto financiero significativo de la prolongada obstrucción de Villamorey y de los riesgos derivados de su negativa a formalizar la titularidad accionaria de BDT. Con la admisión formal de la demanda, el caso entra en una nueva etapa procesal en la que Villamorey deberá responder ante el tribunal, mientras se evalúan los mecanismos judiciales necesarios para restablecer la seguridad jurídica y el respeto a los derechos corporativos de BDT Investments Inc.