Litigio en Guatemala

Durante más de dos décadas, Lisa, S.A. — accionista legítima del 25% del Grupo Avícola Villalobos — ha sido objeto de una de las campañas de litigio más extensas y agresivas en la historia corporativa de Guatemala.

El objetivo central de las acciones legales de Lisa es recuperar dividendos indebidamente retenidos desde 1999, cuyo valor asciende a cientos de millones de dólares. Estos dividendos, junto con las acciones de Lisa, han permanecido bajo embargos impuestos y prolongados por las empresas del Grupo Avícola Villalobos. Los embargos han cumplido una función estratégica: impedir que Lisa reciba o haga valer sus derechos económicos, aun cuando el valor de los dividendos y de su participación accionaria supera ampliamente los montos asegurados por dichos embargos.

En vez de atender estas obligaciones pendientes, el Grupo Avícola Villalobos interpuso más de 100 demandas destinadas a derrotar procesalmente a Lisa, agotar sus recursos y utilizar al sistema judicial como instrumento de presión. Los tribunales de todas las instancias han reconocido repetidamente que estas acciones eran prematuras, defectuosas, infundadas o jurídicamente inviables, resolviendo de manera abrumadora a favor de Lisa.

El litigio se divide en cuatro categorías, cada una reflejando un patrón de procedimientos instrumentalizados y demandas abusivas.

Las empresas Villalobos presentaron una serie de demandas casi idénticas alegando que las acciones judiciales de Lisa les causaron “daño”. Estas demandas intentaron invertir la realidad: la litigación de Lisa tenía como único objetivo recuperar dividendos masivos impagos, pero las empresas Villalobos intentaron presentar esta defensa legítima como un acto ilícito.

Los tribunales encontraron de forma consistente que estas demandas eran:

• Prematuras – basadas en resoluciones de exclusión que no eran firmes, lo que hacía jurídicamente imposible reclamar daños.
• Infundadas – ningún demandante probó causalidad o daño; la evidencia era especulativa, irrelevante o carente de valor probatorio.
• Defectuosas o prescritas – varias fueron desestimadas por errores de presentación o por violar el plazo anual de prescripción.

Realidad jurídica: Estas acciones funcionaron como herramientas de represalia, diseñadas para castigar a Lisa por intentar recuperar sus dividendos y para complicar el entorno litigioso asociado a los embargos.

A partir de 2017, el Grupo Avícola Villalobos inició una ola sin precedentes de 62 demandas alegando que los dividendos de Lisa — acumulados desde 1999 y valorados en cientos de millones de dólares — habían “prescrito”.

Los tribunales rechazaron estas acciones por múltiples motivos:

• Vía procesal incorrecta – los demandantes presentaron juicios civiles ordinarios en lugar del procedimiento mercantil sumario obligatorio.
• Violación de cláusulas arbitrales – varias empresas ignoraron sus propios estatutos, lo que llevó a los tribunales a desestimar los casos por falta de jurisdicción.
• Demandas defectuosas – decenas de casos fueron rechazados por falta de actas, evidencia incompleta o incumplimiento de requisitos formales.
• Imposibilidad jurídica – Lisa demostró que los dividendos nunca fueron exigibles porque las juntas directivas no fijaron plazos de pago; la prescripción estuvo suspendida por los embargos, muchos solicitados por los propios demandantes; y los dividendos declarados constituyen derechos de propiedad que no se extinguen por prescripción.
• Precedente constitucional vinculante – el caso líder (Exp. 01044-2018-00313), rechazado en todas las instancias, cerró definitivamente esta teoría.

Realidad jurídica: Esto fue un esfuerzo estructurado para eliminar permanentemente la obligación de pagar cientos de millones de dólares, mediante defensas de prescripción fabricadas a través de demandas repetitivas y fragmentadas.

Las empresas Villalobos intentaron presentar los esfuerzos legítimos de Lisa para recuperar sus dividendos — incluidos amparos, demandas mercantiles y denuncias penales — como un supuesto “abuso de derecho”.

Los tribunales rechazaron estas demandas porque:

• Los demandantes carecían de legitimación – muchos no eran parte de los procesos que intentaban impugnar.
• No existía evidencia de mala fe, causalidad o daño – los tribunales determinaron de manera uniforme que las acciones de Lisa eran legalmente justificadas y estaban protegidas constitucionalmente.
• Distorsión de conductas protegidas – presentar demandas, incluso en jurisdicciones extranjeras, es un medio legítimo para hacer valer derechos económicos.

Realidad jurídica: Estas demandas intentaron criminalizar la búsqueda de Lisa de sus propios dividendos, reinterpretando acciones legales legítimas como conductas indebidas.

El ataque más directo contra Lisa fue el intento de expulsarla del Grupo, lo que habría eliminado tanto sus reclamaciones de dividendos millonarios como su participación accionaria.

Los tribunales determinaron que estos procesos de exclusión eran:

• Extemporáneos bajo el Artículo 230 – las empresas actuaron años después de los supuestos hechos, excediendo el plazo legal de tres meses.
• Procesalmente inválidos – varias exclusiones fueron aprobadas en asambleas ordinarias, no extraordinarias, en violación de la ley societaria.
• Confiscatorios – las empresas intentaron excluir a Lisa sin otorgar compensación alguna, una medida confiscatoria que el derecho societario guatemalteco no permite.
• Sin sustento probatorio – las alegaciones en contra de Lisa eran infundadas o atribuibles a terceros ajenos.

Nulidad emblemática: En Avícola Las Margaritas (Exp. 01165-2011-1081), los tribunales anularon la exclusión en todas las instancias, incluida la Corte Suprema.

Realidad jurídica: La campaña de exclusión intentó eliminar a Lisa sin compensación y así suprimir su derecho a los dividendos retenidos desde 1999.

Un elemento central de esta campaña ha sido el uso estratégico de embargos:

• Los dividendos y acciones de Lisa fueron sometidos a embargo judicial en diversos procesos.
• El Grupo Avícola Villalobos utilizó demandas seriadas y superpuestas para mantener esos embargos durante el mayor tiempo posible.
• El valor de los dividendos y acciones embargados es muy superior a los montos supuestamente garantizados por dichos embargos, convirtiéndolos en herramientas de presión, no en medidas proporcionadas.

En vez de pagar los dividendos adeudados desde 1999 y liberar los derechos de Lisa, el Grupo Avícola Villalobos utilizó los tribunales para congelar, retrasar y presionar, convirtiendo medidas provisionales en un mecanismo de control a largo plazo.

A pesar de la magnitud e intensidad de esta campaña:

• Lisa sigue siendo accionista del 25% del Grupo Avícola Villalobos.
• Sus reclamaciones por décadas de dividendos impagos — valorados en cientos de millones de dólares — siguen vigentes y exigibles.
• La mayoría de las demandas por daños, prescripción, abuso de derecho y exclusión han sido desestimadas, muchas con decisiones firmes.
• La jurisprudencia existente hace que nuevos intentos de excluir a Lisa o extinguir sus dividendos sean jurídicamente y estratégicamente inviables para el Grupo Avícola Villalobos.

En resumen, el litigio en Guatemala no representa una disputa societaria ordinaria, sino un uso prolongado y abusivo del sistema judicial y de los embargos, destinado a impedir que Lisa cobre los enormes dividendos y el valor corporativo que le corresponden legítimamente por su participación del 25%.