Litigios en Panamá

El litigio en Panamá surge de un esfuerzo legal de más de una década por parte de Lisa, S.A. y su sucesora BDT Investments Inc. para recuperar decenas de millones de dólares en dividendos no pagados por Villamorey, S.A., una empresa controlada por Juan Luis Bosch Gutiérrez. Lo que comenzó en 2008 como una orden de secuestro precautorio por $200,000 se ha convertido en una disputa judicial de gran escala, con múltiples demandas civiles, investigaciones penales y medidas de embargo internacional.

El conflicto gira en torno a la negativa de Villamorey a liberar o rendir cuentas sobre más de $120 millones en dividendos retenidos, a pesar de múltiples órdenes judiciales firmes. Estas incluyen una sentencia de 2018 que levantó todos los embargos y una orden de pago de 2021 que obliga a Villamorey a pagar $51.6 millones. Los tribunales civiles panameños han reconocido consistentemente a Lisa como legítima accionista con un 33.33% de participación, han ordenado a Villamorey rendir cuentas y han aprobado embargos de bienes tanto en Panamá como en el extranjero. Sin embargo, la ejecución de estas decisiones ha sido bloqueada por maniobras dilatorias, recursos maliciosos y una inacción judicial sistemática—particularmente por parte de la jueza Lesbia Wolfschon Puga, quien actualmente es investigada penalmente por obstrucción de justicia.

Ante esta situación, Lisa y BDT han interpuesto varias demandas en Panamá, entre ellas:

  • una demanda de rendición de cuentas contra Villamorey por más de $44 millones en dividendos retenidos;
  • una demanda de rendición de cuentas contra Bosch en lo personal, por su papel como depositario judicial;
  • y una demanda ordinaria por daños y perjuicios contra Villamorey y Bosch por mala administración corporativa durante más de quince años.

Cada uno de estos procesos ha enfrentado resistencia, incluyendo evasión de notificaciones, uso abusivo de recursos legales y desacato directo a las órdenes judiciales.

En paralelo, Lisa y BDT han impulsado la vía penal. El Ministerio Público de Panamá ha admitido múltiples denuncias criminales contra Bosch, Villamorey y sus abogados, incluyendo investigaciones por peculado, fraude agravado, falsificación de documentos, obstrucción de justicia e intimidación a funcionarios públicos. Se han ordenado medidas de descubrimiento de información financiera, asistencia judicial internacional y se han desestimado las denuncias retaliatorias presentadas por Villamorey. Bosch ha sido notificado formalmente y actualmente está bajo investigación penal.

En conjunto, los procesos civiles y penales reflejan un patrón sistemático de abuso de poder corporativo, manipulación del sistema judicial y apropiación ilícita de fondos accionarios. A partir de 2025, Lisa y BDT continúan su lucha por recuperar los fondos retenidos, hacer cumplir las resoluciones judiciales definitivas y exigir responsabilidades por las conductas ilegales sostenidas en los tribunales panameños.