Este informe presenta un análisis jurídico exhaustivo del prolongado litigio entre Lisa, S.A. y Villamorey, S.A., una sociedad panameña controlada por Juan Luis Bosch Gutiérrez, presidente de Corporación Multi Inversiones (CMI).

Lo que comenzó como un conflicto sobre derechos de accionista se transformó en una compleja red de procesos civiles y penales ante diversas instancias judiciales de la República de Panamá.

El núcleo de la controversia radica en una cuestión fundamental: ¿por qué Villamorey, S.A. continúa reteniendo decenas de millones de dólares en dividendos pertenecientes a Lisa, S.A., pese a las múltiples resoluciones judiciales que ordenan su devolución?

El caso evidencia no solo la perseverancia de Lisa, S.A., titular del 33.3% de las acciones de Villamorey, sino también los obstáculos institucionales que han permitido que una sociedad y su representante retengan fondos corporativos durante más de una década, a pesar de la existencia de órdenes judiciales firmes que exigen su restitución.

El conflicto se remonta al 27 de octubre de 2008, cuando el Juzgado Undécimo de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá dictó el Auto N.º 1624-08, mediante el cual se ordenó el secuestro de los bienes de Lisa, S.A. en favor de Villamorey, S.A. por un monto de US $281,172.85. La medida incluyó expresamente los dividendos declarados y pendientes de pago a favor de Lisa.

Poco después, Juan Luis Bosch Gutiérrez, en su calidad de presidente y representante legal de Villamorey, notificó al tribunal que los dividendos secuestrados estaban bajo su custodia, asumiendo así formalmente el cargo de depositario judicial de los fondos.

Lo que debía ser una medida cautelar temporal se convirtió en el punto de partida de un prolongado conflicto. Con el paso de los años, y aun después de que el proceso original fuera resuelto, los fondos permanecieron indebidamente retenidos bajo control de Villamorey y de su depositario judicial.

El proceso civil original entre ambas partes determinó que Lisa debía pagar una suma modesta a Villamorey; sin embargo, el mismo proceso dejó claro que los dividendos retenidos superaban ampliamente la deuda.

El 5 de diciembre de 2018, el Juzgado Undécimo dictó el Auto N.º 2277-2018, que marcó un hito en el caso:

• Denegó la solicitud de Villamorey para subastar las acciones de Lisa.
• Declaró que la deuda final de US $894,718.00 debía compensarse con los dividendos retenidos desde 2008.
• Reconoció expresamente que los dividendos “superan en demasía” la deuda, confirmando la existencia de un excedente sustancial a favor de Lisa.

Con esta resolución, la justificación legal para seguir reteniendo los fondos desapareció. El secuestro había cumplido su función, y cualquier retención posterior de dividendos constituía enriquecimiento sin causa.

Villamorey intentó revertir el fallo sin éxito.

El Primer Tribunal Superior se inhibió de conocer la apelación el 12 de julio de 2019, al considerar el auto inapelable, y la Corte Suprema de Justicia rechazó el amparo de garantías constitucionales presentado por Villamorey el 24 de junio de 2020, dejando firme el fallo.

Desde entonces, el tribunal panameño reconoció de manera definitiva que los dividendos retenidos debían ser devueltos a Lisa, S.A.

En febrero de 2021, Lisa interpuso una demanda sumaria ante el Juzgado Cuarto de lo Civil, solicitando que Villamorey rindiera cuentas de los dividendos retenidos.

El tribunal admitió la demanda y otorgó un plazo de un mes para cumplir.

Al no hacerlo, el 8 de abril de 2022, el tribunal declaró a Villamorey en desacato e impuso una multa diaria hasta que cumpliera la orden.

Como la empresa siguió incumpliendo, el 2 de agosto de 2022 el tribunal ordenó un embargo sobre los bienes de Villamorey por US $44.9 millones, correspondientes a dividendos retenidos entre 2009 y 2019, además de las multas acumuladas.

Un amparo de garantías promovido por Villamorey fue rechazado por el Primer Tribunal Superior el 23 de septiembre de 2022.

Hasta la fecha, Villamorey no ha presentado rendición de cuentas alguna ni ha revelado información financiera que permita determinar el monto total de los dividendos retenidos, el cual probablemente es mucho mayor al estimado originalmente.

En un procedimiento paralelo, Lisa, S.A. interpuso una demanda ejecutiva ante el Juzgado Undécimo de lo Civil, que fue admitida el 22 de diciembre de 2021 mediante el Auto N.º 2567.

El tribunal emitió un mandamiento de pago por US $51.6 millones, ordenando formalmente a Villamorey el desembolso de los fondos.

No obstante, el proceso se paralizó cuando la jueza Lesbia Wolfschoon Puga, quien presidía el tribunal, detuvo el procedimiento sin justificación legal.

Ante ello, Lisa interpuso un amparo constitucional el 25 de noviembre de 2022, alegando violación al debido proceso.

Posteriormente, el 24 de marzo de 2025, Lisa presentó un segundo amparo por la persistente obstrucción en la ejecución de la orden de pago.

El Primer Tribunal Superior, mediante resolución de septiembre de 2022, determinó que Juan Luis Bosch Gutiérrez, como depositario judicial, tiene una obligación personal e independiente de rendir cuentas por los fondos bajo su custodia.

Esta decisión confirmó que Bosch Gutiérrez no solo representaba a Villamorey, sino que respondía directamente ante los tribunales por el manejo de los dividendos retenidos.

Pese a esta obligación, Bosch Gutiérrez ha eludido sistemáticamente su responsabilidad y se ha negado a presentar cualquier informe o rendición de cuentas, prolongando el incumplimiento judicial.

Frustrada por la falta de ejecución en el ámbito civil, Lisa, S.A. llevó el caso a la esfera penal, presentando querellas ante la Fiscalía Anticorrupción contra el depositario judicial y la jueza responsable de paralizar el proceso.

El 22 de junio de 2023, la Fiscalía Anticorrupción admitió una querella penal por peculado contra Bosch Gutiérrez, acusándolo de la apropiación indebida de más de US $70 millones en dividendos retenidos bajo depósito judicial.

Tras casi dos años de investigación, el 22 de mayo de 2025, Bosch Gutiérrez reconoció el proceso pero invocó su derecho constitucional a guardar silencio.

Las audiencias penales contra él se encuentran actualmente en curso en Panamá.

El 15 de abril de 2025, Lisa presentó una querella penal contra la exjueza Wolfschoon Puga por los delitos de abuso de autoridad y omisión de deberes de funcionario público, al haber paralizado el proceso ejecutivo durante más de dos años.

La Fiscalía Anticorrupción admitió la querella el 23 de junio de 2025, iniciando una investigación formal por presunta conducta indebida judicial.

Estas actuaciones penales marcan un punto de inflexión en el litigio, trasladando el eje del conflicto desde el incumplimiento civil hacia la responsabilidad penal de los involucrados.

Dos hechos relevantes en 2025 transformaron el panorama procesal y eliminaron los últimos obstáculos para la restitución de los fondos.

El 3 de enero de 2025, el Juzgado Duodécimo de lo Civil levantó un embargo que afectaba los bienes de Lisa, S.A. en un proceso separado iniciado por BDT Investments, Inc., tras una transacción aprobada por el Cuarto Tribunal Superior el 30 de septiembre de 2024.

Durante años, Villamorey utilizó dicho embargo como pretexto para retener los dividendos; su eliminación invalidó ese argumento.

Aunque BDT es el sucesor legal de los derechos litigiosos de Lisa, el levantamiento de la medida elimina cualquier justificación para continuar reteniendo los fondos.

El 27 de marzo de 2025, Lisa presentó una reiteración de solicitud ante el Juzgado Undécimo, requiriendo que se notificara formalmente a Bosch Gutiérrez que su función como depositario judicial ha concluido legalmente y que debe rendir cuentas finales y devolver los fondos.

Bosch alegó que ya no presidía Villamorey y, por ende, no era responsable; sin embargo, nunca fue liberado por el tribunal de sus obligaciones como depositario, por lo que sigue obligado a rendir cuentas antes de cualquier liberación formal.

Estos acontecimientos marcan el inicio de una nueva etapa: la ejecución definitiva de los fallos judiciales y la recuperación efectiva de los dividendos retenidos durante más de quince años.

El caso Lisa, S.A. vs. Villamorey, S.A. representa un ejemplo paradigmático de persistencia jurídica frente a la obstrucción institucional.

Pese a resoluciones firmes y definitivas desde 2018, los fondos de Lisa siguen retenidos debido a maniobras procesales, inacción judicial y resistencia abierta al cumplimiento de las órdenes de los tribunales.

Con los embargos levantados y la orden de compensación plenamente vigente, Villamorey, S.A. y Juan Luis Bosch Gutiérrez carecen de base legal alguna para seguir reteniendo los dividendos.

El caso ya no versa sobre interpretación jurídica, sino sobre cumplimiento, responsabilidad y la integridad del sistema judicial panameño.

Lo que está en juego no son solo los más de US $70 millones adeudados a Lisa, S.A., sino también el principio fundamental de que las sentencias firmes deben cumplirse, y que la justicia, aunque demorada, debe prevalecer.